El registro de objetores, «anticonstitucional»
El presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), José Manuel Bajo Arenas, pidió ayer al ministro de Sanidad, Bernat Soria, que «no tire la piedra y esconda la mano». Se refería a la supuesta conducta irregular de la que ha acusado a algunos médicos, al acogerse a la objeción de conciencia para no practicar abortos en la sanidad pública y realizarlos después en centros privados. Bajo Arenas aseguró «no tener conocimiento» de que haya ginecólogos que se acojan a la objeción de conciencia para negarse a practicar abortos en la sanidad pública y los realicen después en la privada, como ha denunciado Soria. «Si el ministro sabe que los hay, que diga dónde están y proceda legalmente, pero que no lance la piedra y esconda la mano», espetó.
Respecto al Registro de Médicos Objetores al Aborto en el que trabaja Sanidad, el presidente de la SEGO dijo que se trata de una idea «no amparada por la Constitución ni por los códigos deontológicos», donde se contempla el «derecho insoslayable» de estos profesionales a ejercer la objeción de conciencia, y que, de violarse este derecho, la SEGO podría plantearse emprender «medidas legales». La SEGO subraya que los especialistas en ginecología y obstetricia tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia ante los supuestos de despenalización del aborto contemplados en la Ley Orgánica 9/1985, de acuerdo con la Constitución Española y con sus códigos deontológicos, señaló la declaración pública de la SEGO.